Declaración de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses 29 de septiembre de 2020

La Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) conformada por asambleas de todo el territorio provincial, declaramos que: REPUDIAMOS la información publicada el 24 de septiembre en el Boletín Oficial de Chubut en el que desde el Instituto Provincial el Agua aparece un pedido de uso de aguas públicas con fines de uso industrial a nombre de Minera Argenta, subsidiaria de Pan American Silver, en un caudal de 3.600 m3/año para el campamento del Proyecto Navidad en el Departamento de Gastre. El hecho produjo una reacción espontánea de oposición de miles de personas, ya que se realiza en la absoluta CLANDESTINIDAD: sin consulta previa al Mundo Indígena, que no ha dado su libre y previo consentimiento informado, sin estudio de impacto ambiental previo realizado en conjunto, sin audiencia pública, sin declaración de impacto ambiental.

La situación resulta inexplicable, solicitar permiso para desarrollo de actividades en las instalaciones de un proyecto que con la vigencia actual de la Ley ex 5001 es una actividad prohibida. Este permiso de aguas tiene como fin ampliar el campamento de la empresa, para facilitar la extracción de cientos de miles de toneladas de plomo, para ser transportadas más de 300 km y embarcadas en Puerto Madryn para su exportación al mundo, ni siquiera teniendo en cuenta que Puerto Madryn está en el Golfo Nuevo cercano a Puerto Pirámides, sitio RAMSAR Área Natural Protegida (provincial) y Patrimonio Natural de la Humanidad (UNESCO) y siendo que la megaminería genera beneficios solo a las empresas trasnacionales que realizan las transacciones en terceros países. En tiempos de pandemia en los que hay que privilegiar la salud sobre todas las cosas se declara esencial una actividad para extraer un veneno, el plomo, de escaso valor económico, el cual genera impactos irreversibles en la salud de les niñes, incluso desde la gestación.

El comunicado está firmado por el actual titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, el mismo que hace 2 años anunciaba la creación del Comité de Cuenca del Acuífero Sacanana en cumplimiento de la Ley General XVII Nro. 74 para una administración integrada de los recursos hídricos. Dicha Ley en el Artículo 3 d), exige una “gestión integrada de la demanda de agua y de su aprovechamiento optimizado en consideración de las necesidades de los ecosistemas acuáticos”; y debido a “la interdependencia de los sectores socioeconómicos y el ecosistema hídrico, se debe generar la participación de los interesados en las fases decisorias, de planificación y ejecución”. Y en el Artículo 4 i) es su función “estudiar y analizar el comportamiento de las obras y aprovechamientos que hubieran sido construidos hasta la fecha, como así también pronunciarse sobre todo uso o emprendimiento que se proyecte o solicite sobre el sistema hídrico bajo su jurisdicción”.

El Comité de Cuenca que está integrado por Organismos del Estado Provincial, las Universidades, ONGs y los habitantes de los territorios, es el ente competente para tomar una decisión como esta, en el marco de un procedimiento regular de impacto ambiental precedido por consentimiento del Mundo Indígena, como lo indica el Plan de Gestión Sustentable De Agua Subterránea y Superficial en la Meseta Central. Y es dicho Comité quien debería garantizar que no se produzca agotamiento o contaminación del agua, bien común, por acción de la actividad humana como podría ser en uso de agrotóxicos, la cría intensiva de ganado o el uso de sustancias tóxicas características de la minería a gran escala como explosivos y compuestos como xantatos, cianuro, mercurio o ácido sulfúrico para extracción de metales, siempre con la base de estudios integrales.

En la página oficial del Instituto Provincial del Agua, en el Plan de Gestión Sustentable del Agua Subterránea y Superficial de la Meseta Central, se reconoce que el manejo del recurso en la Meseta Central hasta hoy es precario, ya que no existe un control sobre las reservas que existen naturalmente, lo que se explota y las necesidades de los pobladores y actores de la región, tanto a nivel de las comunas como de la parte privada. Motivo más que suficiente para la conformación del Comité Consultivo dentro del Comité de Cuenca cuyos integrantes y su participación garanticen el uso sustentable de este bien común. Ellos son: las comunidades originarias Laguna Fría-Chacay Oeste, El Puntudo, Mallín De Los Cual, Los Pinos, Blancuntre, Yala Laubat, Traquetren, Lagunita Salada, Cerro Bayo, Gorro Frigio, Sierra Rosada y Ñuke Mapu de El Escorial, así como productores ganaderos, agricultores y productores de otras actividades.

Sin embargo, no sólo no se está garantizando su participación en dicho Comité, sino que además muchos de elles desconocían de su existencia. Por lo tanto, la discusión de la aprobación del permiso de uso del acuífero Sacanana para el proyecto Navidad se está realizando sin la participación ni el consentimiento de los organismos preestablecidos.

La actividad minera, que fue declarada -irrisoriamente- en la pandemia como actividad esencial, no sólo tiene beneficios fiscales, sino que, bajo acciones facilitadoras de funcionarios de distintas instituciones, transita por encima de toda legislación. Al Proyecto Navidad se le permite avanzar: 1) desconociendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige la consulta previa, libre e informada del Mundo Indígena; 2) violando sitios arqueológicos sagrados mediante artilugios porque el enterratorio obstaculizaba la ambición de extraer el mineral; 3) accediendo al permiso de uso de agua sin un Estudio de Impacto Ambiental que lo justifique; 4) ignorando la existencia de la Ley XVII Nº74 que creó un Comité para la administración del agua del acuífero Sacanana y 5) fundamentalmente ignorando la Ley XVII Nº 68 (ex 5001) que prohíbe la actividad minera a cielo abierto con uso de cianuro. Existe una complicidad producto de la contaminación institucional histórica que genera la megaminería en todo el mundo y que permite sortear normas legales que sí se exigen cumplir al resto de las actividades humanas.

Por todo lo expresado:

● NOS OPONEMOS al otorgamiento del permiso de agua a una actividad depredadora, contaminante, saqueadora, que no coincide con los parámetros de sustentabilidad ambiental a los que aspiran los habitantes de dicho territorio.

● RECORDAMOS a Legislatura provincial que no pueden aprobar un proyecto de ley que afecte al Mundo Indígena, como la minería, sin consulta previa pre legislativa, Convenio OIT Nº 169, y que no deben traicionar al pueblo de Chubut, una vez más.

SABE esa Legislatura que NO TIENEN LICENCIA SOCIAL. Les estamos observando y serán responsables de sus acciones por acción u omisión.

REITERAMOS que EXIGIMOS respeto por las herramientas constitucionales con las que el pueblo de Chubut se está expresando: la Iniciativa Popular. NOS DEBEN UNA LEY.

● EXHORTAMOS al Poder Judicial – Ministerio Público Fiscal, a dar curso a la denuncia por vejaciones y tortura realizada por asambleístas que padecieron estos actos ilícitos de parte de la policía de la Provincia del Chubut el pasado 6 de diciembre de 2019.

En vez, el poder judicial ha dado curso a la Carpeta Judicial Nº 7232 – Legajo de Investigación Nº 20874, causa armada por la policía de la Provincia del Chubut en perjuicio de las personas agredidas, de las cuales la mayoría ya ha resultado sobreseída. Es una práctica alarmante y sistemática el uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de les defensores de derechos humanos y de la naturaleza con el objetivo de obstaculizar y hasta impedir el ejercicio legítimo de defender derechos.

En efecto, esta manipulación del sistema de justicia penal tiene por finalidad deslegitimar y detener la actuación de la persona que denuncia, y así paralizar o debilitar sus causas. Los procesos de criminalización, como este, inician mediante la interposición de denuncias infundadas precedido por declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos, con supuesta prueba obtenida de manera ilegal, como se va demostrando en el presente caso.

EXIGIMOS la apertura de la causa contra los efectivos policiales. Sin más demora, debe la fiscal Florencia GOMEZ realizar la correspondiente apertura de investigación en carácter de PRONTO DESPACHO, o bien, apartarse de la causa, so riesgo de incurrir en más violaciones de derechos.

● SOLICITAMOS la destitución inmediata de Gerardo Bulacios, quien se cree dueño del agua, quien además ha sido denunciado por negociaciones incompatibles con su función pública, y también se habría enriquecido ilícitamente aprovechando su actual cargo.

● Y URGIMOS a las personas, comunidades, organizaciones, al pueblo en general, a PRESENTAR OPOSICIONES al permiso de agua irregularmente tramitado por MINERA ARGENTA S.A. para el Proyecto Navidad, a EXPRESARSE creativamente y a ENCONTRARNOS en la calle.

¡Tocan a uno, tocan a todos!

¡NO PASARÁN!

¡NO ES NO!