Así se desprende del escrito que la fiscal federal le envió esta mañana al juez subrogante que entiende en la causa por la ocupación del predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a la vera del acceso al mirador Cabeza del Indio. Así mismo la fiscal pidió que una vez cumplida la medida, brinden alojamiento a las personas.
La fiscalía -a pedido del INTA- requirió el desalojo del lugar al constatar la existencia de un delito, por cuanto “los ocupantes invadieron un sector de tales lotes en forma clandestina, habiendo llegado hasta allí por el bosque o por caminos clandestinos, puesto que no lo hicieron por el único acceso al lugar desde que este se encuentra custodiado, hecho ocurrido entre el 20 y el 25 de agosto pasado.
En esa fecha 133 familias ingresaron a la Reserva Forestal de Loma Medio y se instalaron a la vera del camino de acceso al mirador de Cabeza del Indio, lo que motivó que el director de la delegación “Bariloche” del INTA, Mauro Sarasola, denunciara la usurpación del predio y solicitara su consecuente desalojo; el organismo luego reiteró la petición ante la Secretaría Civil del mismo Juzgado Federal.
A pedido del INTA
Con el pasar de los días y habiendo recorrido el lugar la fiscal requirió el desalojo del lugar al constatar la existencia de un delito, “también se acreditó que el proceder subrepticio fue materializado de modo tal que no solo los cuidadores del INTA no los vieron, sino que tampoco fueron observados por los vecinos de la zona o, incluso, por la custodia especialmente dispuesta al efecto”, explica la fiscal.
Seguidamente la representante del MPF sostuvo que “no existen dudas aquí que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP [Código Penal], puesto que aquéllas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”. Además, los ocupantes han desmantelado parte de la flora silvestre -protegida por estar dentro de una reserva forestal- para hacer leña y calefaccionarse, causando un serio impacto ambiental en el lugar.

Entretanto, el pasado 3 de septiembre se venció el plazo acordado en la conciliación sin llegar “a ningún acuerdo que permitiese una solución alternativa a este conflicto, desde que las familias se negaron a retirarse y la Municipalidad y el Consejo Deliberante siquiera respondieron los mails solicitando que se informara respecto al cumplimiento de las condiciones a las que cada uno se comprometiera.”
El pasado 24 de agosto, la Fiscalía Federal convocó a referentes de las familias a una conciliación con las autoridades del INTA y con el intendente de la Ciudad, pero, ante el resultado infructuoso de las tratativas por falta de acuerdo entre las partes, el proceso continuó adelante.

Pedido de intervención de los Poderes Ejecutivos municipal, provincial y nacional
“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”.

Con todo la fiscal Little también pidió en su dictamen que las Secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas.

Además sostuvo que “no escapa a la suscripta que estamos en presencia de un especial conflicto enmarcado en la seria crisis económica y habitacional que transita el país, no solo a consecuencia de la Emergencia Sanitaria vigente en virtud de la propagación del COVID-19 sino también producto de décadas de falta de políticas públicas serias en la materia”, y agregó que “negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, en virtud de lo cual solicitó que se diera intervención a los organismos de los Poderes Ejecutivos municipal, provincial y nacional, para que “otorgue alojamiento a los actores junto con sus grupos familiares en un ámbito adecuado –al menos- hasta tanto exista sentencia firme” en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche.












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