La fecha fijada por la justicia es el 28 de diciembre y sostiene que deberán ser liberados los dos lotes ocupados por las familias que allí permanecen. Zapata ordenó que el allanamiento de los dos predios se haga el 28 de este mes para proceder a desalojar a las 130 familias que se encuentran en la toma y de esa forma “hacer cesar la comisión de los ilícitos que allí se estén cometiendo”, sostuvo. Aunque la orden de Zapata todavía no se encuentra firme porque Peralta impugnó con la intención de que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo del tribunal de Roca.
Zapata acató el fallo de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que ordenaron el 19 de noviembre pasado restituir los dos predios al INTA y desalojar -con todos los recaudos necesarios- a las personas que usurpan en esas tierras.
Zapata ordenó que el allanamiento de los dos predios se haga el 28 de este mes para proceder a desalojar a las 130 familias que se encuentran en la toma y de esa forma “hacer cesar la comisión de los ilícitos que allí se estén cometiendo”.
De todos modos, el asesor de niñas, niños y adolescentes ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Roca, Eduardo Peralta, presentó un recurso de casación contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.
En consecuencia, la orden de Zapata todavía no se encuentra firme porque Peralta impugnó con la intención de que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo del tribunal de Roca.
Argumentó que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca “causa un gravamen irreparable o de difícil reparación ulterior al grupo vulnerable que represento”.
Zapata ordenó en la resolución -que dictó el lunes- “allanar las construcciones -aun precarias- que pudieran hallarse en el lugar, y requisar los vehículos y personas que estuvieran allí, con el objeto de proceder al secuestro de elementos constitutivos de los ilícitos investigados y que permitan dilucidar la responsabilidad que podría caberle a cada sujeto -entre ellos herramientas, celulares, anotaciones, inscripciones, etc”.
También, dispuso “identificar a las personas que actualmente se encuentren ocupando ese sector, notificándolas” de que están imputadas por la comisión de los delitos de usurpación y que deberán designar defensor en el plazo de 5 días hábiles.
Frenado
Un recurso de casación planteado por un defensor de Menores de Roca frena la medida que tendrá la difícil misión de desalojar a las 130 familias que se instalaron en la reserva forestal.
El defensor de Menores de General Roca, Eduardo Peralta, planteó un recurso de casación y con ello trabó la medida, porque todavía no está firme aquel fallo de la Cámara de Apelaciones.
El defensor oficial, argumentó que si se concreta el desalojo, se causará "un gravamen irreparable o de difícil reparación ulterior al grupo vulnerable" que representa.
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