Así lo expresaron esta mañana cuando las familias recibieron a los medios de comunicación para denunciar que los derechos de los niños son vulnerados al no permitírseles concurrir a la escuela, “si salen no pueden volver a entrar”, nos dijo el juez.
En dialogo con la prensa la vocera de las 22 familias que viven en el predio, Roxana Arias explicó como es la situación toda vez que de 10 familias que eran originalmente ahora son 22, “hoy el problema más grande que tenemos es que tenemos restringida toda el ingreso y egreso, es decir nuestros niños que están acá, que son muchos, que tienen que ir a la escuela por orden del juez no pueden. Además, la verdad todo este tiempo hemos estado sufriendo bastante hostigamiento de parte de la policía de que sabemos que cumplen órdenes, pero necesitamos poder salir incluso para hacer nuestras cosas para poder ir al médico”, detallo la docente.
Niños sin derechos
Mas adelante la vocera se refirió a los dichos del juez en relación a la petición de que los niños acudan a clases, “nuestros hijos, ya le digo necesitan ir a la escuela y ayer mismo se hizo presente el señor Muscillo cuando le planteamos que nuestros hijos tenían derecho de ir a la escuela porque la educación es un derecho respondió, que desde el momento que los niños estaban acá dentro habían perdido todos sus derechos”.
Seguidamente Arias agrego que tiene la grabación del juez expresando su postura, “Así textualmente y está gravado que fue esa a la respuesta del señor juez cosa que no es cierto. No es cierto que los niños aquí pierden el derecho a la educación, además que no se pierde ningún derecho nos están impidiendo el derecho a la libre circulación, nosotros somos trabajadores aquí tenés profesionales tenemos algunos somos docentes, policías, médicos, autoridades, somos todos trabajadores acá no hay delincuentes”, enfatizo Arias.
Mas adelante la vocera leyó una solicitada que se envió a la gobernadora de la provincia pidiéndole que frene el desalojo, dado que las tierras son provinciales.
Solicitada a la señora gobernadora de la provincia de Rio Negro doña Arabela Carreras
De nuestra consideración: Ref: Ocupación terreno fiscal provincial NC212600, nomenclatura catastral 20-1*-212-600-0
Los abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle por este medio –que utilizamos atento la urgencia que reviste el caso- ordene a los funcionarios pertinentes, a que procedan en el expediente en tramite ante los Tribunales ordinarios de El Bolsón caratulado “Fiscalía de Estado de la Provincia de Rió Negro c/DIAZ Sergio y otro s/desalojo” (exp. Nro B-3EB-57-C2019) a requerir se deje sin efecto la orden de desalojo que fuera dispuesto como medida cautelar por el Juez interviniente Dr. Marcelo Muscillo. -
En los autos citados la Fiscalia de Estado persigue el desalojo del inmueble del Señor Sergio Eustaquio Díaz habiendo el Juez ordenad, como medida cautelar el desalojo del mismo, siendo los suscriptos absolutamente ajenos a dicha causa. -
En fecha 9 de abril de 2021 ante la carencia habitacional que padecemos, el estado de pandemia que transitamos y sabiendo que el predio es fiscal, como ciudadanos procedimos a ocupar el mismo con nuestras familias levantado casillas precarias con madera y demás elementos para poder cobijarnos y buscar resguardo. -
Hecho esto el día 11 de abril de 2021 concurrió personal policial y judicial a efectuar el desalojo del inmueble lo que fue resistido de nuestra parte dado que no solo no fuimos parte en el proceso, sino que, de haberlo consentido quedaban en el desamparo nuestras familias destacando que en el lugar hay mas de 30 menores y mujeres embarazadas que bajo ningún punto de vistas pueden quedar en la calle por una decisión judicial que nos es ajena. -
Ante nuestra resistencia el Juez Muscillo suspendió provisoriamente el desalojo –con argumentaciones que no compartimos por ser alejadas de la realidad- disponiendo custodia policial y ordenando que podíamos salir del predio mas no ingresar nuevamente, en abierta afrenta a derechos constitucionales como es de educación de los menores, a asistencia médica, a alimentarnos y a circular libremente dado que de salir con esos objetivos quedamos el desamparo por no poder reingresar. -
Señor Gobernadora. No es ocioso señalar que ante la carencia de viviendas es el estado que debe dar respuesta a esta necesidad básica y, en el caso, se trata de la ocupación de un predio fiscal para fines habitacionales sin ningún tipo de otra connotación. No hay interés alguno mas allá que el de acceder a una vivienda digna, no conculcando con la ocupación derechos patrimoniales y, si eventualmente ello se considerara así, estos deben ceder ante el derecho habitacional que tiene amparo constitucional. -
Le requerimos entonces como cabeza del Poder Ejecutivo Provincial y apelando a su sensibilidad social ordene al Señor Fiscal de El Bolsón proceda a requerir ante el Juez de la causa que deje sin efecto la medida de desalojo dictada hasta tanto el Estado de solución a nuestro problema habitacional. -
Destacamos por último que hemos requerido directamente al Juez de la causa –que se presentó en el predio- a dejar sin efecto la medida cautelar de desalojo, mas demostrando absoluta insensibilidad, desconociendo derechos esenciales de los menores, el de asistencia, alimentación, libre circulación, etc. desoyó el pedido manifestando que ello no era de su incumbencia y que procedería a desalojarnos. -
Tal desaguisado y menosprecio a nuestros derechos esenciales provenientes de la jurisdicción, solo puede ser resuelto por la Señora Gobernadora a quien accedemos por este medio, para que ordene al funcionario que corresponda, proceda a requerir se deje sin efecto la medida cautelar de desalojo, hasta tanto el Poder Ejecutivo nos de solución a n/problema habitacional.
Sin más saludamos a Ud. muy atte-
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