El PJ rionegrino llama a “frenar esta verdadera locura y golpe criminal para la Patagonia”

El senador rionegrino Martín Doñate (Unión por la Patria) advirtió ayer que “es posible una decisión arbitraria del presidente Javier Milei donde se eliminen los regímenes especiales y la bonificación por la zona austral, que será un golpe duro al bolsillo de los trabajadores de las provincias del sur del país”.

El parlamentario hizo un análisis tanto del DNU como de la Ley Ómnibus, que calificó como “un golpe de Estado institucional”, al tiempo que adelantó “sin ninguna duda una clara oposición a Milei”, aún cuando otras fuerzas que sostienen que “hay que esperar y acompañar el voto de los ciudadanos hasta que se genere el descontento”.

Desde la óptica de Doñate, “hay que sumar fuerza, conciencia y músculo para frenar esta verdadera locura y golpe criminal para la Patagonia y para Río Negro”, al tiempo que remarcó que “hoy más que nunca necesitamos unidad y grandes acuerdos”.

De igual modo, en el seno del peronismo rionegrino “persiste el temor sobre la privatización de INVAP, en tanto avanza la reforma a la ley de sociedades del Estado”, donde se recordó que “en el artículo tercero incorpora al capital privado, y también puede suceder que haya modificaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que cambie la relación actual en procura de una eventual privatización”.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck se comprometió a que la empresa “no se vende ni se privatiza”, mientras que en la Legislatura hay un proyecto de ley del PJ en el mismo sentido para preservar a INVAP.

Repudio 

Por su lado, el legislador bolsonés del bloque PJ/Nuevo Encuentro, Leandro García, manifestó ayer su repudio y rechazo a las declaraciones vertidas por el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, apoyando el DNU 70/2023 y la denominada Ley Ómnibus que promueve el presidente Javier Milei y que habilita -entre otras cuestiones-, la privatización de YPF.

A su criterio, “estas posturas representan una traición a los intereses de Río Negro. Estas dos herramientas no solo atentan contra las facultades exclusivas del Congreso, sino que también expresan la destrucción del entramado productivo nacional y la entrega de empresas estatales estratégicas”.

Sumó que “también representan una flexibilización laboral, ambiental y social que perjudica al conjunto de los trabajadores y jubilados del país” y remarcó que “avalar la privatización de empresas públicas estratégicas como YPF, cuando en el mundo las empresas  energéticas públicas lideran la transición energética y el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo sustentable”.

Agregó que “expresa un nivel de entrega y subordinación al poder económico imperdonable, desaprovechando la oportunidad histórica que representan Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner”.

En ese contexto, valoró que Río Negro “tiene un potencial energético y productivo enorme, y requiere apertura, diálogo y consenso político para encontrar los mejores caminos, la privatización y desregulación claramente no lo son, el Estado es el único que puede liderar ese proceso si queremos que el desarrollo sea sustentable ambientalmente y genere empleo de calidad”.