En una conferencia de prensa, el Consejo Local de Mujeres y Disidencias de El Bolsón denunció la falta de diálogo con el Ejecutivo municipal, el desmantelamiento del área de Diversidad y el incumplimiento de protocolos contra la violencia laboral y de género.
Esta mañana, en una conferencia de prensa abierta a la comunidad, referentes del Consejo Local de Mujeres y Disidencias de El Bolsón exigieron una reunión urgente con el intendente Bruno Pogliano, luego de más de dos años y medio sin recibir respuestas formales del Ejecutivo. El reclamo se centra en tres ejes fundamentales: violencia institucional dentro del municipio, el vaciamiento del área de Diversidad y el incumplimiento del protocolo interno contra la violencia laboral.
Liliana Pérez, una de las voceras del Consejo, explicó:
“El intendente no tuvo respuestas hacia nosotras como Consejo. Venimos trabajando desde hace años en los territorios, con organizaciones sociales e instituciones, y seguimos sin respuestas. Hoy decidimos hacer pública esta situación porque se trata de problemáticas críticas que afectan directamente a mujeres y disidencias de nuestra comunidad”.
El Consejo, creado por ordenanza municipal como un espacio institucional de participación, reclama desde su origen un lugar sistemático de encuentro y consulta con el Ejecutivo local. “No es solo un reclamo simbólico, es un deber institucional que nos reunamos con el intendente para definir políticas públicas de género en un contexto de creciente retroceso de derechos”, subrayó Pérez.
Vaciamiento del área de Diversidad y graves denuncias internas
Uno de los puntos más preocupantes es el estado actual del área de Diversidad y Género, que, según denuncian, no solo ha sido vaciada de recursos, sino que además está conducida por funcionarias denunciadas por maltrato laboral. “Las dos personas a cargo de esta área han sido denunciadas por sus propias compañeras de trabajo. Estas compañeras son las mismas que deben acompañar a las víctimas de violencia de género, lo cual constituye una contradicción grave y un escenario revictimizante”, señaló otra de las referentes.
En ese sentido, recordaron que el propio protocolo interno de violencia laboral, aprobado por unanimidad en el municipio, establece que ante una denuncia de este tipo debe intervenir el intendente en su carácter de máxima autoridad. Asimismo, citan el Protocolo del Ministerio de Trabajo de Río Negro, que prevé medidas como el apartamiento, sanción o incluso la desvinculación de agentes municipales que ejerzan violencia de género en el ámbito laboral.
“El intendente tiene la responsabilidad política y legal de actuar. No lo decimos solo nosotras: lo dicen los protocolos internos y las leyes vigentes. El silencio institucional también es violencia”, enfatizó la vocera.
El marco legal que ampara el reclamo
La ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como también su correlato en la provincia de Río Negro y en el ámbito municipal, establece con claridad que las instituciones deben garantizar espacios libres de violencia y acceso real a derechos. En muchos municipios del país, se han sancionado ordenanzas específicas contra la violencia institucional, entendida como aquella ejercida por agentes del Estado que obstruyen o niegan el acceso a derechos, especialmente en contextos de género.
Además, el vaciamiento de áreas clave como Género y Diversidad no solo implica la falta de políticas públicas, sino que puede constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público, al vulnerar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.
El Consejo Local de Mujeres y Disidencias reiteró su disposición a trabajar de forma articulada con el municipio, pero exigió acciones concretas y una reunión inmediata con el intendente Pogliano. Mientras tanto, anunciaron que continuarán visibilizando la situación ante la comunidad, medios y organismos competentes.
“No estamos pidiendo un favor. Exigimos el cumplimiento de las leyes, de las ordenanzas y del rol que nos corresponde como Consejo. Lo que está en juego no es una interna política, sino la vida y los derechos de cientos de vecinas que día a día enfrentan situaciones de violencia”, concluyeron.
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