La Justicia rionegrina impuso dos años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años a una agente de la Comisaría 12°. Los hechos ocurrieron en la Fiesta del Lúpulo 2023, cuando una mujer fue detenida por no portar su documento y luego sufrió golpes, amenazas y humillaciones en la dependencia policial.
La Justicia de Río Negro condenó a una agente de la Policía provincial a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años para custodiar detenidos, tras comprobarse que en febrero de 2023 golpeó, amenazó y obligó a realizar prácticas vejatorias a una mujer que había sido demorada en la Fiesta del Lúpulo de El Bolsón por no portar su DNI.
La causa se resolvió mediante un procedimiento abreviado, con acuerdo entre la fiscalía, la defensa y la querella, y consentimiento de la víctima. El juez homologó el acuerdo y declaró a la imputada culpable del delito de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis del Código Penal.
El hecho y la investigación
Según la causa, los hechos ocurrieron la noche del 23 de febrero de 2023, cuando la mujer se encontraba con su familia en el predio del festival y fue detenida por efectivos policiales. Trasladada a la Comisaría 12°, sufrió golpes, amenazas e insultos de parte de la agente condenada.
Testimonios de otra detenida esa misma noche, familiares y personal policial respaldaron la denuncia, mientras que pericias médicas y psicológicas confirmaron las lesiones y el daño sufrido.
La víctima relató que recibió frases intimidantes como “Acostumbrate que ahora El Bolsón va a ser así” y “Anda acostumbrándote, esto es lo que se viene”. También aseguró que la policía la amenazó con represalias en caso de denunciar.
Repercusiones y medidas judiciales
El caso generó un fuerte repudio de organizaciones sociales de la Comarca Andina, que denunciaron en redes sociales un accionar abusivo y recordaron que durante la Fiesta del Lúpulo 2023 se llevaron adelante controles excesivos sobre el público.
La sentencia incluye pautas de conducta estrictas: la agente no podrá portar armas ni cumplir funciones preventivas con contacto ciudadano, no podrá acercarse a la víctima, deberá presentarse periódicamente ante el Instituto de Asistencia a Personas en Libertad y realizar un curso de formación en derechos humanos.
El fallo quedó firme tras la renuncia de las partes a los plazos procesales.
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