El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut sostuvo que las investigaciones avanzan “a pie firme” y reveló el uso de hidrocarburos en varios focos. Cuestionó duramente las salidas judiciales no punitivas y pidió aplicar las figuras penales vigentes con todo su peso.
Las investigaciones por los incendios forestales que afectaron a distintas localidades de la Comarca Andina avanzan con elementos contundentes que refuerzan la hipótesis de intencionalidad y posible coordinación entre los focos. Así lo confirmó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut, Héctor Iturrioz , quien brindó definiciones clave en una breve pero contundente entrevista.
Según precisó el funcionario, en el caso de Cholila se determinó que el incendio fue iniciado de manera deliberada. “Se estableció puntualmente que hubo dos precursores a cuatro metros de distancia uno de otro, y que se utilizó hidrocarburo”, explicó. Este dato resulta central para la investigación, ya que descarta de plano cualquier hipótesis accidental.
Agregó que el mismo patrón fue detectado en otros sectores de la región. “Lo mismo que se detectó en Cholila, se detectó en Patriada y se detectó en Loma del Medio, en El Bolsón”, señaló, y remarcó que esta reiteración permite inferir una conexión entre los hechos. “Aplicando simplemente la lógica, esto informa a todas luces que hay alguna vinculación”, sostuvo.
En ese sentido, Iturrioz advirtió que podría tratarse de una estrategia deliberada para dispersar recursos y combatientes. “Hay quienes intentan diversificar la comunión de las fuerzas y de quienes luchan contra el fuego, generando más conflictos y poniendo en riesgo a toda la comunidad”, afirmó, en referencia al impacto directo que estas acciones tienen sobre la capacidad de respuesta ante emergencias.
Más allá del combate al fuego, la ministra puso el foco en la responsabilidad penal de los autores. Si bien mencionó el reciente planteo del ministro nacional Aníbal Santilli sobre la necesidad de endurecer las penas, Iturioz fue clara al marcar una diferencia. “No todo pasa por endurecer el Código Penal, sino por utilizar las figuras que ya existen y que prevén penas severas”, explicó.
En un tono crítico, cuestionó el uso reiterado de herramientas judiciales que derivan en soluciones no punitivas. “La suspensión de juicio a prueba, en estos casos, es una burla”, expresó, y ejemplificó: “Estamos hablando de personas que prendieron fuego y pusieron en riesgo la vida de muchísima gente: adultos mayores, personas con problemas de salud, comunidades enteras con riesgo vital. ¿Y la respuesta es trabajo comunitario?”.
Finalmente, reclamó un cambio de enfoque en el sistema judicial. “Eso no es solo una burla a quienes investigaron, sino a toda la comunidad. Pedimos que se termine de una vez con ese garantismo penal que durante años vació de contenido a la justicia frente a hechos gravísimos”, concluyó.
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