La reciente decisión de la Justicia de Bariloche de rechazar una demanda que buscaba frenar la regulación de Uber y otras aplicaciones de transporte volvió a poner el foco sobre una discusión que también genera interrogantes en El Bolsón: ¿qué ocurrirá con estas plataformas en la Comarca Andina y cuál es el marco legal para su funcionamiento?
El fallo fue dictado por el fuero contencioso administrativo de Bariloche y dejó vigente el esquema regulatorio impulsado por el municipio para ordenar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros. La resolución judicial no analizó si la normativa es constitucional o no, sino que rechazó la presentación por considerar que el demandante no tenía legitimación para impulsar la acción.
La demanda había sido promovida por el concejal Leandro Costa Brutten, quien cuestionó las medidas adoptadas por el Ejecutivo municipal al entender que la regulación de las plataformas digitales debía surgir exclusivamente del Concejo Municipal y no mediante resoluciones administrativas.
Según el planteo, el municipio habría avanzado sobre facultades legislativas al establecer reglas para el funcionamiento de aplicaciones como Uber, generando además posibles desigualdades frente a los servicios tradicionales de taxis, remises y transporte turístico, cuyos prestadores deben cumplir una serie de requisitos, habilitaciones y controles específicos.
El concejal también sostuvo que las resoluciones cuestionadas podían afectar la seguridad vial y el sistema de transporte local al permitir el funcionamiento de conductores que no estarían sometidos a las mismas exigencias que los servicios habilitados.
Sin embargo, antes de analizar esos argumentos, el juez se concentró en una cuestión previa: determinar si quien promovía la demanda estaba legalmente habilitado para hacerlo.
En su sentencia, el magistrado concluyó que Costa Brutten no acreditó una afectación personal, concreta y directa derivada de las resoluciones cuestionadas. Por ese motivo entendió que no podía promover una acción de inconstitucionalidad basada únicamente en una defensa general de la legalidad o de la división de poderes.
El fallo recuerda que las acciones judiciales de este tipo no pueden utilizarse para canalizar desacuerdos políticos o institucionales. Para cuestionar una norma ante la Justicia, quien demanda debe demostrar que esa disposición le provoca un perjuicio propio y actual.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el cargo de concejal, por sí solo, no habilita a un legislador a representar judicialmente intereses generales de la comunidad. Para que exista legitimación, debería demostrarse una afectación concreta al denominado "derecho de función", es decir, una limitación efectiva para ejercer las atribuciones propias de su banca.
Según el magistrado, la presentación no explicó de qué manera las resoluciones municipales impedían al edil participar en sesiones, votar proyectos o desarrollar las funciones inherentes a su cargo.
Como consecuencia, la Justicia rechazó la acción sin ingresar al debate de fondo. Esto significa que no se pronunció sobre la validez o invalidez de la regulación de Uber ni sobre si el Ejecutivo municipal invadió competencias del Concejo Deliberante.
La decisión mantiene vigente el esquema regulatorio actualmente aplicado en Bariloche y vuelve a instalar una discusión que también comienza a observarse en otras localidades de la región, entre ellas El Bolsón.
Mientras en la ciudad lacustre las aplicaciones de transporte avanzan hacia un marco normativo definido, en El Bolsón el debate todavía no ha llegado formalmente al ámbito legislativo local. Sin embargo, la creciente utilización de plataformas digitales por parte de vecinos y turistas abre interrogantes sobre cómo deberá adaptarse el sistema de transporte en los próximos años.
La resolución judicial de Bariloche podría convertirse en un antecedente relevante para futuras discusiones sobre la regulación de estas aplicaciones en toda la región andina, donde la convivencia entre nuevas tecnologías y los sistemas tradicionales de transporte aparece como uno de los desafíos que deberán afrontar los gobiernos locales.
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